Revelan caso de corrupción por parte de funcionarios del Inpec
En una audiencia pública que tuvo lugar el 12 de octubre, la Fiscalía presentó cargos contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que estaban asignados a la Cárcel Modelo de Barranquilla.
Los delitos por los que se les acusa incluyen concierto para delinquir, concusión, prevaricato por omisión y enriquecimiento ilícito de particulares. Estos cargos surgieron a raíz de un supuesto esquema de corrupción que habría estado en funcionamiento desde junio de 2021 hasta abril de 2022 en dicho centro penitenciario de la capital del Atlántico.
Según la Fiscalía, durante ese período, los funcionarios del Inpec habrían establecido lo que describen como una «sociedad criminal». Dentro de esta organización delictiva, se sospecha que habrían obtenido al menos $300 millones a través de sobornos exigidos a reclusos del patio 2 de la Cárcel Modelo de Barranquilla.
Además, se cree que los internos fueron víctimas de extorsión por parte de otros reclusos, posiblemente en colaboración con el personal del Inpec que ahora se encuentra bajo custodia.
Las investigaciones se iniciaron tras las denuncias de dos reclusos que afirmaron que los funcionarios del Inpec les pedían dinero a cambio de diversos favores, que iban desde el acceso a habitaciones, hasta la posibilidad de mantener elementos de aseo e, incluso más alarmante, permitirles el ingreso de armas y drogas.
El fiscal a cargo del caso informó que estos funcionarios «eran responsables de permitir que las extorsiones ocurrieran, registrándolas mientras realizaban tareas de vigilancia en los patios y obstruyendo las quejas de los internos cuando asumían tareas administrativas».
Además de los cargos presentados, se alega que los acusados obstaculizaron activamente cualquier investigación en su contra. Se sostiene que trasladaron a los reclusos que denunciaron estas actividades ilícitas y los amenazaron de muerte para forzarlos a cambiar sus testimonios.
Durante la audiencia de imputación de cargos, ninguno de los acusados se declaró culpable. La audiencia para determinar las medidas de aseguramiento fue postergada y se reprogramó para el miércoles 18 de octubre.
La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía, que logró la detención de los seis funcionarios del Inpec. Sus nombres son: Luis Yobani Tovar Ardila, Octavio Márquez Segura, Mauricio Alejandro Acosta Acosta, Álvaro Iván Díaz Cañas, Harold Iván Ramos Bastidas y Darwin Manuel Fernández Salcedo.
La magnitud de estos actos corruptos y su gravedad ha planteado interrogantes sobre el sistema penitenciario en Colombia y la necesidad de implementar medidas que garanticen la integridad y seguridad de los reclusos. Además, la presunta complicidad de algunos reclusos en estas actividades también arroja luz sobre la complejidad de la situación en las cárceles del país y la urgencia de abordar el problema de manera integral, según un familiar de uno de los reclusos afectados por esta «sociedad criminal».
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