OEA preocupada por las posibles reformas en Venezuela que perpetúen la impunidad

OEA preocupada por las posibles reformas en Venezuela que perpetúen la impunidad

Un panel internacional independiente de expertos designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evaluar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela publicó el martes su esperado segundo informe.
En una conferencia de prensa en La Haya hoy, los panelistas Santiago Canton y Joanna Freevia presentaron los sorprendentes hallazgos, revelando que «las reformas institucionales de Venezuela perpetúan la impunidad y evitan la rendición de cuentas». La reunión, presidida por Rodrigo Diamanti, Secretario del Panel de Expertos, enfatizó la urgencia de actuar por parte de los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI).
El Panel Independiente de Expertos Internacionales fue designado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el 14 de septiembre de 2017 y está compuesto por personalidades destacadas que evalúan los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sus miembros incluyen el Cantón de Santiago, Argentina; Manuel Ventura Robles de Costa Rica; e Irwin Kotler de Canadá; y más recientemente Joanna Frivet de Mauricio.
“Las reformas institucionales propuestas por Venezuela son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis”, concluyó el panel. Además, el informe expresa su preocupación porque estas reformas “protejan a los responsables de la justicia nacional e internacional, manteniendo así el más alto nivel de impunidad”. Esto demuestra una falta de voluntad política genuina en el sistema para responsabilizar a los funcionarios públicos, especialmente a los altos funcionarios, por sus acciones, especialmente en relación con los crímenes de lesa humanidad que son de la competencia de la Corte Penal Internacional. » Al respecto, el panel destaca dos casos que ilustran el problema generalizado en Venezuela de la promoción de presuntos perpetradores a cargos directamente relacionados con las reformas institucionales y la relación del país con la Corte Penal Internacional.

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