Autoridades tumbaron red de trata de migrantes a través del país

Ante la abrumadora evidencia presentada por la Fiscalía General de la Nación, cinco individuos implicados en una red de tráfico de migrantes han aceptado su responsabilidad mediante un preacuerdo en relación con su participación en una actividad delictiva que facilitaba el ingreso ilegal de extranjeros al país y su posterior salida por vía marítima hacia Centroamérica.

Los condenados incluyen a Adrián Ricardo Rojo Correa y Sebastián Carmona Mejía, quienes se desempeñaban como los coordinadores principales de esta organización. Ambos individuos han sido sentenciados a penas de poco más de seis años de prisión. Asimismo, Elkin Alonso Soto Meneses, Luis Alexander Jiménez Carmona y Damián Andrés Murillo Usme han recibido condenas de cuatro años de prisión.

Esta red delictiva se dedicaba a contactar a ciudadanos extranjeros, especialmente haitianos y cubanos, ofreciéndoles servicios que incluían transporte terrestre, alojamiento en un hotel de Medellín, y traslado a Capurganá (Chocó), donde eran recogidos en lanchas y llevados a Panamá para continuar su viaje hacia Estados Unidos, a cambio de aproximadamente 300 dólares por persona.

Un juez penal en Medellín ha ratificado este acuerdo judicial y ha condenado a los involucrados por los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir agravado. La investigación, liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, ha demostrado que esta actividad ilícita se llevó a cabo entre julio de 2021 y mayo de 2022.

Paralelamente al proceso penal, en mayo de 2022, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tomó medidas cautelares que incluyeron la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de un hotel y tres vehículos, dos de ellos de servicio público y uno de uso particular, que se utilizaban en beneficio de la red de tráfico de migrantes. Estas propiedades, cuyo valor supera los 2.500 millones de pesos, fueron puestas bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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