A raíz de tres declaraciones de nulidad del consejo de estado, la procuraduría adelantó una tutela
La Procuraduría General de la Nación ha presentado acciones de tutela en contra de tres sentencias emitidas por el Consejo de Estado que declararon la nulidad de los fallos de destitución e inhabilitación aplicados al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía; al exsenador de la República, Eduardo Merlano, y al exalcalde municipal de San José del Fragua (Caquetá), Duber Trujillo Medina.
En los recursos de tutela presentados, la entidad de control busca la revocación de las tres decisiones judiciales emitidas por la alta corporación. La Procuraduría argumenta que estas sentencias vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la institución, ya que se desconoció la Constitución Política y el precedente establecido por la Corte Constitucional en relación con la competencia de la Procuraduría para ejercer el control disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular.
En este sentido, la Procuraduría enfatiza que, desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 hasta la fecha, ha mantenido la competencia para tomar medidas como la suspensión, destitución e inhabilitación de estos servidores. Además, argumenta que, tras la sentencia emitida el 8 de julio de 2020 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional ratificó la capacidad de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por los ciudadanos en procesos electorales y estableció que las sanciones impuestas a estos solo pueden ser ejecutadas a través de una sentencia judicial.
Por último, la Procuraduría subraya que los procesos disciplinarios resueltos en contra de servidores electos por voto popular, anteriores a la entrada en vigor de la Ley 2094 de 2021 (que reformó el Código General Disciplinario), deben ser evaluados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en la Constitución Política y las decisiones previas de la Corte Constitucional.
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