Pareja de presidente de Ecopetrol está siendo investigada
La investigación se centra en el nombramiento de Caicedo Cano como asesor del Instituto Nacional de Vialidad (Invías) y la firma de un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín. Según la Instrucción de la Fiscalía Primera Distrital de Bogotá, se detectaron dos presuntas irregularidades en su actuación.
El ente de control advirtió sobre “posibles violaciones al régimen de invalidez” por la implementación parcial de contratos con instituciones educativas. Además, la Procuraduría General de la República destacó la gravedad de la situación al señalar que Caicedo Cano continuaría realizando estas acciones a pesar de que tenía prohibido celebrar contratos con el Estado.
En otro ejemplo, la Procuraduría General de la República ordenó abrir una investigación tras revelaciones de contratos calificados como «interesantes» que Caicedo Cano había firmado con el Estado. En particular, su rol como asesor en Invías y la firma de contratos en la Universidad Pascual Bravo generaron preocupaciones sobre posibles violaciones al régimen de invalidez. Los costos mensuales de aproximadamente 6,9 millones de dólares y las quejas de la universidad como instrumento para subcontratar la contratación aumentan la complejidad del caso.
El escándalo se agravó al descubrirse desinterés en las funciones asignadas a Caicedo Cano, quien, según trascendió, no cumpliría adecuadamente con sus responsabilidades como asesor, como lo demuestran fotografías de viajes nacionales e internacionales compartidas en sus redes sociales. La Fiscalía centró la investigación en «presuntos incumplimientos de funciones misionales» asignadas al asesor, agravando la situación y poniendo en duda la integridad del proceso de contratación del Estado.
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