Policía pidió a la fiscalía la cancelación de las chuzadas a empleados de Laura Sarabia pero el ente tardó más de una semana en hacer caso

Las escuchas ilegales a dos empleados de la ex jefa de gabinete Laura Sarabia han creado algunas incógnitas e incertidumbres. Se sabe que el 30 de enero, un día después de que el maletín fuera robado de la casa del funcionario, un policía solicitó al fiscal del Chocó que ordenara la intervención de dos teléfonos supuestamente vinculados al Clan del Golfo. Los patrulleros involucrados y la fiscalía coincidieron, acusando a los uniformados que autorizaron el cese de engaño. Sin embargo, el oficial y su abogado defensor le dijeron a W Radio el lunes que los fiscales decidieron proceder con el tiroteo después de que la policía pidiera que se liberara el piercing el 3 de febrero. Armando Benedetti, el exembajador en Venezuela, tuiteó el miércoles pasado que Sarabia hizo intervenir a la niñera de sus hijos, Marelbisa Meza, durante el robo. Al día siguiente, el Fiscal General Francisco Barbosa tomó protagonismo: “Hoy es un día muy lamentable para la justicia en Colombia. Hoy podemos decir de manera inequívoca que las chuzadas interceptadas ilegalmente han regresado a Colombia”. Según él, la Dirección de Investigación e Interpolación Criminal (Dijin) de la policía presentó el 30 de enero un informe falso para despistar a la fiscalía en la lucha contra el crimen. , organizó una agencia especial e interceptó las llamadas telefónicas de Mezza y otro empleado. Las versiones de otros detalles están en conflicto. Ese mismo jueves, la policía emitió un comunicado diciendo que las escuchas telefónicas fueron autorizadas el 26 de enero -antes de que el robo en la casa de Sarabia- comenzara el 30 de enero y fuera cancelado el 2 de febrero. Los fiscales desestimaron sus cargos en un comunicado de prensa al día siguiente. Según los fiscales, Di Jin pidió ser conectado a algunas líneas telefónicas el 26 de enero, pero el 30 pidió incluir las líneas telefónicas de Meza y su pareja. Además, las cancelaciones deben realizarse 10 días después de que comenzó la perforación, no 72 horas después.

El policía que pidió las escuchas dio su versión este lunes. Según él, la entidad acusatoria es la responsable porque es la que intercepta las comunicaciones, mientras que la Policía se limita a informar y motivar las posibles escuchas. En su caso, explicó que solicitó las intervenciones porque los teléfonos habían sido señalados por una fuente confiable del Clan del Golfo, que en agosto de 2022 le había posibilitado “dar con resultados importantes” contra el grupo armado. “A mí también me indujeron al error, yo partí de la buena fe a la fuente humana”, subrayó. Asimismo, ha expresado en W Radio que teme por su seguridad: “La Fiscalía me está culpando sin haberme investigado previamente (…) me expusieron [ante el Clan del Golfo]”.

Todavía hay una disputa sobre qué unidad es en gran parte responsable de la huelga. El uniformado testificó que las líneas telefónicas fueron intervenidas en una sala de escuchas telefónicas de la policía el 31 de enero, y un analista en la sala le dijo tres días después que no tenían nada que ver con el Clan del Golfo. El fiscal fue notificado de inmediato y continuó escuchando durante una semana, según el oficial y su abogado defensor. “La gran incógnita es por qué los fiscales no se retiraron cuando la patrulla lo pidió [el 3 de febrero] sino siete días después”, dijo el abogado defensor Miguel Ángel del Río. La defensa policial también enfatizó que los fiscales conocían las identidades de las dos mujeres involucradas desde febrero. W Radio de Del Rio dijo que dos personas pidieron escuchar a Meza y su pareja. El primero vino del Clan del Golfo Chocó, pero luego hubo otro pedido a otra fiscalía que investiga un robo en Sarabia en Bogotá. Según el abogado, el sistema “rechazó” la nueva solicitud porque la línea telefónica había sido bloqueada por la oficina del Chocó.

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