El botín de los HP. Por Diego Martínez Lloreda

El botín de los HP. Por Diego Martínez Lloreda

Ojalá el presidente electo, Gustavo Petro, no ceda ante la clase política y persista en su idea de eliminar ese monstruo de mil cabezas que es la Procuraduría General de La Nación.

Los únicos que se benefician de la existencia de esa entidad son, precisamente, los políticos, en especial los HP, Honorables Parlamentarios, que se pelean por colocar a sus amigos en esa entidad, que paga los mejores salarios del Estado. Dicen que alrededor de la mitad de los funcionarios de la PGN gana más de $15 millones mensuales.

El problema consiste en que la eliminación de la Procuraduría tiene que ser aprobada por el Congreso y, sinceramente, no creo que nuestros HP tengan mucho interés en que esa entidad, que tantos réditos les da, desaparezca. Así no sirva para nada y así le cueste al Estado casi un billón de pesos al año.

Supuestamente, la función de la Procuraduría es el control disciplinario, es decir, sancionar a los funcionarios corruptos. Pero en buena parte perdió esa facultad cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos revocó la destitución del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro y dictaminó que a los funcionarios elegidos por voto popular solo los puede sancionar un juez o un representante de la rama jurisdiccional.

Ese pronunciamiento le dio santa sepultura al llamado Ministerio Público, que desde entonces anda como un cadáver insepulto, dedicado a abrir investigaciones que no terminan en nada.

Y ya que Petro arrancó con la Procuraduría, debería seguir con la Contraloría que es como un hermano siamés de la Procuraduría. Es otro órgano inoperante, gigantesco y politizado hasta los tuétanos, cuya única razón de ser es servir de botín burocrático para los políticos.

Lo peor es que estas entidades se replican en el orden departamental y local. Cali, tiene una Personería y una Contraloría que son aún más inoperantes que sus ‘hermanas’ del orden nacional. El problema parte de la forma como se eligen esos funcionarios: el Alcalde presenta una terna y el Concejo, que en Cali suele ser un órgano de bolsillo del Gobernante, escoge de esa terna.

En esas condiciones, es apenas normal que la Personería y la Contraloría le hagan pasito al Alcalde. Para lo que sí sirve la Contraloría local es para ‘apretar’ a la Administración, cuando esta pretende ‘hacerles conejo’ a los cabildantes con los pactos suscritos.

Si de verdad Petro quiere tener más recursos para la inversión social, debe comenzar por acabar con estos monumentos al despilfarro, a la corrupción y a la politiquería, antes de poner a los colombianos a pagar más impuestos.

Pero si el presidente Petro elimina esas ‘ías’ y revive al Seguro Social, o sea, el modelo de salud que teníamos hace 30 años, no habrá hecho nada. Porque estatizar el manejo de la salud es poner ese servicio vital para los colombianos en manos de los corruptos y de los politiqueros.

Lo que hay que hacer es mejorar el modelo actual que, con todos los problemas que tiene, le permitió al país pasar de una cobertura en ese servicio del 30% a casi un cubrimiento universal.

La corrupción hay que acabarla en donde esté y no trasladarla de un sitio a otro, creando instituciones que de antemano se sabe van a quedar en manos de los insaciables HP de este país.

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