Colombia se manifiesta contra las violaciones a DDHH en Nicaragua, ante la ONU

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos condenó este martes el continuo «deterioro» de la situación en Nicaragua, con «graves violaciones a los derechos civiles», ataques a iglesias y libertad de prensa.

“En los últimos meses, la Oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua ha continuado deteriorándose. Este deterioro incluye graves violaciones a los derechos civiles y políticos, falta de diálogo nacional, profundización de la crisis política y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional”, dice el Alto Comisionado Cristian Salazar, Director de Operaciones de Campo.

Esta declaración contra los abusos a los derechos humanos en Nicaragua no sorprende, ya que varios países han expresado constantemente su preocupación por la posición elegida por Daniel Ortega como líder supremo del país. Un hecho impactante e inédito hasta ahora es que el gobierno colombiano ha decidido firmar una declaración firmada por un total de 46 países. apoya el informe de la Alta Comisionada y destaca el “continuo y progresivo deterioro de los derechos humanos” en Nicaragua. La misiva, firmada por Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, además de importantes países de Estados Unidos y Europa, destacó que «Nicaragua continúa reprimiendo derechos y libertades» y perjudicando «el disfrute de la libertad». .» significado y expresión»

La firma de Colombia en esta declaración sorprende porque el presidente Petro y su canciller, Álvaro Leyva, armaron un escándalo durante sus primeras semanas de gobierno cuando no estaban presentes en la nación americana. La reunión convocada por la Organización (OEA) para condenar a la llamada CIDH en Nicaragua evidencia las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega.

En su momento, la Cancillería informó que la decisión fue tomada para no afectar las relaciones internacionales, por lo que varios sectores políticos, en especial la oposición, llamaron a un debate controlado y pidieron la condena de Álvaro Leyva. No solo la oposición, también los movimientos sociales cuestionaron el silencio del gobierno colombiano en ese momento, por lo que resulta extraño que a un mes del incidente, el país cuestionara la ilegalidad del régimen de Daniel Ortega.

En la 51 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado presentó un informe crítico contra el régimen de Ortega, al que acusó de no cooperar y desacatar las recomendaciones de su despacho. El organismo condena los ataques a la Iglesia católica, como la reciente detención del obispo Matagalpa, el crítico Rolando Álvarez, o los ataques a la libertad de expresión, como el cierre de emisoras de radio católicas o la incautación de bienes que criticaban al diario La Prenza.

En una respuesta documentada, la ministra de Justicia de Nicaragua, Wendy Morales, dijo que «rechaza totalmente» las deliberaciones de la agencia de la ONU, que dice «siguen promoviendo una situación de derechos humanos engañosa, notoria y falsa». Humanidad». “Nosotros no aceptamos estas sugerencias de que pretenden interferir en los asuntos internos de Nicaragua”, agregó.

El Alto Comisionado dijo que estaba particularmente preocupado porque «al menos 195 personas continúan detenidas arbitrariamente como resultado de la crisis sociopolítica». Entre estos presos se encontraban siete excandidatos presidenciales que en noviembre pasado ganaron una cuarta elección consecutiva, lo que no fue reconocido por muchos países.

Salazar lamentó que no se haya seguido el consejo de «detener arbitrariamente a más personas que no están de acuerdo con el gobierno sin liberar a todos los presos».

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