Al mejor estilo de una cleptocracia, el caso de Centros Poblados dejó al descubierto la forma en que se roban la plata del erario para beneficio de unos pocos, pues el proyecto que prometía llevar internet a las zonas más apartadas del país terminó en el robo de 70.000 millones de pesos.

Tras una moción de censura a la Ministra de las TIC, Karen Abudinen, la Fiscalía inició la investigación sobre este caso de corrupción, sin embargo, la periodista Paola Herrera descubrió que la Fiscalía solo estaría intentando recuperar 15.242 millones y no los 70.000 millones.

El argumento de la Fiscalía es que “solo ha podido establecer que esos 15 mil millones se los gastaron en cosas personales, compraron apartamentos, carros, hasta obras de arte y pagaron otras cosas que no tenían que ver con el contrato”. según la Fiscalía el resto del dinero, es decir, alrededor de 50.000 millones si habrían sido invertidos en equipos, por tanto, el argumento es que solo se robaron los 15.242 millones.

La Contraloría es la encargada de determinar si el resto de dinero fue invertido en equipos, así como en la instalación de los puntos que la Unión Temporal Centros Poblados afirma, pues ya se sabe que 15.242 millones se los gastaron en cosas que no tenían relación con el proyecto.

La ministra Karen Abudinen no fue hallada culpable por la Fiscalía de haberse robado parte del erario, pero sí imputaron a Juan José Valverde, Juan Carlos Cáceres y Emilio Tapia, a quienes se les acusa por enriquecimiento ilícito sin justa causa de particulares, peculado por apropiación y fraude procesal.