4 Militares se someterán a la JEP por falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha recibido referencias de cuatro ex soldados Gaula de la provincia de Tolima (centro) que se cree que han estado involucrados en al menos 14 casos de «falsos informes».
Según la JEP, estas llamadas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron entre noviembre de 2006 y mayo de 2008, cuando los exagentes formaban parte de una agencia de secuestros y rescates. Las mencionadas «operaciones ilegales» fueron presuntamente realizadas por el Tte. «.
Los tres veteranos fueron «apoyados por el Servicio Regional de Inteligencia Militar (Rime) del Ejército Nacional» y el cuarto sujeto pertenecía al mayor José Wilson Camargo. “También fueron apoyados por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre ellos el detective Giovanni Calderón Salazar”, se lee en el comunicado.
Por otro lado, el hecho de que «miembros del Batallón de Infantería 21 Batalla Pantano de Vargas que combatían a sus órdenes habrían resultado muertos y sufridos en los combates» tuvo en cuenta la JEP en el Alegato 2 de Camargo, ubicado en la provincia del Meta (centro). del pueblo de Cristalina, municipio de Leyánya. A pedido de la Comisión de Determinación de la Situación Jurídica, las propuestas presentadas habían «reorientado» sus propuestas hacia la garantía de la verdad y la reparación, ya que «las propuestas presentadas no satisfacen los derechos de las víctimas».
Para que las operaciones parecieran legítimas, los veteranos colocaron armas y municiones sobre las víctimas para denunciarlas como miembros de grupos armados ilegales, dice la declaración jurada. Además, los exagentes «ocultarían o destruirían sus documentos de identificación» y «harían declaraciones falsas en un tribunal penal militar» para «desviar la investigación».
La investigación reveló que «miembros de la Galia militar del Tolima usarían inteligencia proporcionada por Rime y DAS para capturar a civiles» que luego fueron asesinados y descritos como «resultado de una operación contra el crimen organizado». El comunicado agregó que la víctima habría sido asesinada en una zona rural luego de ser contactada “de manera fraudulenta o para controlar el suministro de dinero, presuntamente por extorsión”.
Una investigación conjunta de estos casos ayudará a esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de las víctimas, los patrones de delincuencia masiva y los vínculos entre los componentes de combate e inteligencia del Ejército, el DAS y terceros reclutadores, señaló la JEP. Por ello, la Corte dictaminó que las actuaciones de estos exagentes, que fueron presentadas ante la JEP, se mantengan en la misma causa por su “estrecha vinculación”.

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